La
Presidenta de la República ha dado oficialmente la partida a un proceso
para dejar de lado la Constitución que nos rige y para elaborar una que
debe reemplazarla. Lo hace en atención a que considera que la
Constitución actual tiene un origen ilegítimo en cuanto fue elaborada y
promulgada bajo la Presidencia del General Pinochet. Pero, no dice que
después fue hasta tal punto modificada que la versión vigente lleva la
firma del Presidente Ricardo Lagos y que éste proclamó a los cuatro
vientos la legitimidad democrática de lo que firmaba. Del Gobierno del
Presidente Lagos, la actual Presidenta fue Ministro y ella asumió su
primer mandato justo después y, durante todo ese tiempo, nada se habló
de un eventual cambio de Constitución. Es decir, después de 25 años que
se regresó a un régimen democrático, recién ahora quienes gobernaron el
país durante casi todo ese tiempo reparan en que la Constitución que les
dio respaldo sería ilegítima.
Esta forma de argumentar
provoca, por supuesto, una muy razonable duda acerca de cuál sea el
verdadero objetivo del proceso que comentamos. Duda que se hace aún más
válida cuando desde el Gobierno y los Partidos que lo apoyan no se ha
esgrimido ninguna razón de fondo, ni ninguna crítica especial respecto
de las disposiciones de la actual Constitución. Sólo se ha hecho
cuestión de su origen. Por otra parte, no puede dejarse de lado la
consideración de que ha sido precisamente esta Constitución la que ha
presidido el largo período de 40 años de recuperación económica que ha
expandido la riqueza nacional y que ha integrado al goce de ella a un
numeroso contingente de compatriotas que antes sólo la podían contemplar
de muy lejos.
Tampoco puede pasar inadvertido que desde la
Presidencia de la República se impulse este proceso cuando el país, como
consecuencia de los desaciertos de este Gobierno, hace frente a una
situación muy preocupante, con un crecimiento que se ha desplomado y un
desempleo que amenaza a números cada vez mayores de nuestros
compatriotas. Y cuando el desprestigio de la clase política, mayormente
por corrupción, ha alcanzado niveles nunca antes conocidos en nuestro
país, afectando a importantes figuras tanto de Gobierno y Oposición.
Especialmente ese desprestigio ha afectado a la misma Presidenta de la
República, cuyo entorno familiar más cercano ha sido protagonista de un
escándalo de proporciones como es el caso denominado CAVAL, llevando la
adhesión popular a su persona a niveles muy bajos y durante mucho
tiempo.
Son estas circunstancias las que no pueden sino
provocar una preocupación importante acerca de este cambio promovido por
nuestra Presidenta. Todas las señales que hemos mencionado inducen a
creer que nos encontramos frente a una maniobra distractora, lo cual no
sería tan grave si no fuera porque el país necesita concentrar todo su
tiempo, todos sus esfuerzos y todos sus recursos para recuperar el ritmo
de crecimiento que teníamos hasta hace un corto tiempo atrás. Es la
situación de nuestros pobres lo que lo hace imperioso.
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