La
entrevista que el actual titular de la cartera del Interior, Mario
Fernández, dio el pasado día domingo al Mercurio ha permitido aclarar
algunas de las dudas que suscitó su nombramiento. En un principio, se
creyó que podía continuar en la línea de su antecesor, Jorge Burgos,
quien vanamente trató de moderar el frenesí ideológico reformista de la
coalición gobernante. Pero, Fernández
manifestó no sólo su conformidad con el "programa" de gobierno sino que
llamó a llevarlo a la práctica con todo entusiasmo. Católico practicante
señaló, sin embargo, que el proyecto de aborto actualmente en
tramitación legislativa no choca con sus convicciones religiosas y que,
por eso, el lo apoya íntegramente. Para sustentar lo cual afirmó que el
proyecto no instaura el aborto sino que simplemente lo despenaliza en
tres casos. ¡Vaya sofisma!
Quitar la pena a un delito tan grave como el homicidio es por supuesto una imprudencia. Pero, en lo principal, es una manera de incluir ese acto en el catálogo de los actos jurídicamente lícitos a los cuales el estado debe protección. Por eso, el proyecto obliga a las instituciones de salud públicas y privadas poner a disposición sus establecimientos, sus equipos y su personal para que procedan sin más trámites a practicar el aborto. Despenalizarlo, por lo tanto, es igual a quererlo como jurídicamente lícito. No existe, pues, la diferencia que de manera tan hipócrita invoca el Ministro del Interior.
En esto, reconozcámoslo, Fernández es fiel a la tradición de su partido que, para obviar los preceptos religiosos, invoca el pluralismo y los requerimientos del bien común. Fue lo que hicieron sus antecesores para aprobar sin escrúpulos la llamada reforma agraria, a pesar de que el octavo mandamiento impera "no robar". Y lo que hicieron con la ley de divorcio que arruina a la familia y empuja a los jóvenes en un frenesí sexual sin límites, a pesar de que el sexto mandamiento ordena "no cometer actos impuros" o "no fornicar" como se decía antes.
De hecho, haber obrado contra lo que disponen esos mandamientos, no trajo sino ruina y desolación. La reforma agraria liquidó nuestra agricultura y trajo hambre y pobreza para nuestra población. El divorcio, al liquidar a la familia, ha traído una baja considerable de la natalidad y que los pocos niños que llegan al mundo provengan en su mayoría de relaciones extramatrimoniales, con todo lo que eso significa para el normal desarrollo de esas criaturas. Además, ha provocado un aumento enorme de la violencia intradoméstica, con el resultado de muerte en muchos casos, en especial, de mujeres.
El aborto viola ahora el quinto mandamiento: "no matar". Y, como en los casos anteriores, no esperemos que sus víctimas sean sólo los afectados sino masivamente todo el país.
No podemos, pues, hacer un buen pronóstico del período que se inicia con la llegada de Fernández al Ministerio. Al contrario, lo más probable es que el Gobierno insista aun con más fuerza en un camino que se ha demostrado tan plagado de errores.
Quitar la pena a un delito tan grave como el homicidio es por supuesto una imprudencia. Pero, en lo principal, es una manera de incluir ese acto en el catálogo de los actos jurídicamente lícitos a los cuales el estado debe protección. Por eso, el proyecto obliga a las instituciones de salud públicas y privadas poner a disposición sus establecimientos, sus equipos y su personal para que procedan sin más trámites a practicar el aborto. Despenalizarlo, por lo tanto, es igual a quererlo como jurídicamente lícito. No existe, pues, la diferencia que de manera tan hipócrita invoca el Ministro del Interior.
En esto, reconozcámoslo, Fernández es fiel a la tradición de su partido que, para obviar los preceptos religiosos, invoca el pluralismo y los requerimientos del bien común. Fue lo que hicieron sus antecesores para aprobar sin escrúpulos la llamada reforma agraria, a pesar de que el octavo mandamiento impera "no robar". Y lo que hicieron con la ley de divorcio que arruina a la familia y empuja a los jóvenes en un frenesí sexual sin límites, a pesar de que el sexto mandamiento ordena "no cometer actos impuros" o "no fornicar" como se decía antes.
De hecho, haber obrado contra lo que disponen esos mandamientos, no trajo sino ruina y desolación. La reforma agraria liquidó nuestra agricultura y trajo hambre y pobreza para nuestra población. El divorcio, al liquidar a la familia, ha traído una baja considerable de la natalidad y que los pocos niños que llegan al mundo provengan en su mayoría de relaciones extramatrimoniales, con todo lo que eso significa para el normal desarrollo de esas criaturas. Además, ha provocado un aumento enorme de la violencia intradoméstica, con el resultado de muerte en muchos casos, en especial, de mujeres.
El aborto viola ahora el quinto mandamiento: "no matar". Y, como en los casos anteriores, no esperemos que sus víctimas sean sólo los afectados sino masivamente todo el país.
No podemos, pues, hacer un buen pronóstico del período que se inicia con la llegada de Fernández al Ministerio. Al contrario, lo más probable es que el Gobierno insista aun con más fuerza en un camino que se ha demostrado tan plagado de errores.
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