Como ha sido ampliamente advertido, el procesamiento y la detención
del general Juan Emilio Cheyre ha sucedido en el momento preciso
-demasiado preciso, tal vez- en que el Gobierno necesitaba empatar el
bochornoso y vergonzoso descubrimiento de la espectacular pensión que
estaba recibiendo la militante socialista Myriam Olate, esposa de
Osvaldo Andrade, diputado de ese partido y Presidente en ejercicio de la
Cámara de Diputados. Más de cinco y medio millones de pesos mensuales,
muy por encima de cualquier otra pensión chilena. Para un gobierno que
ha hecho de la "igualdad" el leit motiv de su estrategia, esta noticia
no sólo puso a la vista una flagrante contradicción entre lo que se
predica y lo que se practica, sino que vino en el peor momento, esto es,
cuando enfrenta un creciente y abrumador desprestigio y desaprobación. Y
que le han sobrevenido por los enormes errores en que ha incurrido en
el ejercicio del poder y que tienen al país paralizado y aun
retrocediendo. Pero, también porque son muchos sus parlamentarios y
personeros los que han incurrido en las mismas conductas que con tanto
énfasis reprochan a sus adversarios.
Sin embargo, en vez de
afrontar con dignidad la propia falta -y en un comportamiento que, por
lo demás, le es recurrente- el gobierno y la coalición que está detrás,
se han concentrado en ver la paja en el ojo ajeno -que existe, sin
duda- en vez de ver la viga en el propio. Y aun, en tratar de
ocultarla. El general Cheyre se ha constituido así en el "chivo
expiatorio" que esta estrategia necesitaba.
Pero, "tanto va el
cántaro al agua que, al final, se rompe". Cada vez son menos los
ingenuos que se dejan atrapar en estas falacias. En este caso, además,
porque la viga que se trata de ocultar es doble. A la que está
constituida por los escándalos de los propios personeros de gobierno a
que nos hemos referido y de los cuales la pensión de la señora Olate
parece no ser más que la punta del iceberg, se agrega otra. Al general
Cheyre se le procesa por violación a los derechos humanos ocurrida en
los días que siguieron al 11 de septiembre de 1973, es decir cuando era
un oficial de grado muy menor y por hechos de los cuales difícilmente
podía ser responsable. Desde luego, nada se le reprochó después de la
investigación de que fue objeto cuando se le ascendió a general y,
tampoco, cuando fue designado Comandante en Jefe por el Presidente
Lagos.
Más allá del caso Cheyre, no discuto que estas
violaciones existieron y que algunas fueron francamente atroces, pero sí
afirmo que no es posible juzgarlas sin tener en cuenta que los
militares intervinieron en la vida política del país, porque la
situación era ya intolerable y porque la violación a los derechos
humanos que esa situación significaba, al decir del Acuerdo de la Cámara
de Diputados del 22 de agosto de ese año, no tenía otra salida que la
intervención militar. A ello hay que agregar la apología de la violencia
que hacían los partidarios del gobierno de entonces y que permitía
pronosticar con toda certeza que el país se encaminaba a un baño de
sangre.
Nada de eso se recuerda ahora. Y, sin embargo, para hacer
justicia integral, ni tuerta ni coja, es menester recordarlo. Lo
contrario es persistir en esto de los dos pesos y medidas. Uno, para los
de este lado; otro para los del frente. Es persistir, entonces, en una
situación de franca injusticia.
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