EN HONOR A LA VERDAD

En estos días se ha suscitado un debate acerca de la conveniencia de otorgar indultos o, al menos, excarcelaciones a antiguos miembros de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden que cumplen pena de prisión condenados por lo que se denomina "violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad" cometidos durante el gobierno de esas mismas fuerzas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. Algunos de ellos llevan décadas en prisión hasta el punto de que casi todos son ancianos y de que un número no menor de ellos padece enfermedades terminales incluyendo Alzheimer. 

Nadie puede negar que varios de ellos cometieron actos ciertamente delictuales y aun criminales; pero también es cierto que otros han sido acusados prácticamente por presunciones que carecen, muchas veces, del debido sustento y con olvido total de las circunstancias en medio de las cuales esos hechos ocurrieron. Hay en estos juicios una total prescindencia de los motivos por los cuales nuestras Fuerzas Armadas y de Orden se vieron compelidas a asumir el gobierno del país y para que lo asumieran como tales, es decir, porque portaban armas con las cuales poner orden en el país y detener el proceso de disolución que éste enfrentaba y de hacer frente a bandas subversivas cada vez mejor armadas y cada vez más agresivas y audaces. 

Es así como los procesos a los que se someten estos uniformados no hacen honor a la verdad de la historia y, por eso mismo, se alejan cada vez más del objetivo de hacer justicia para transformarse en instrumentos de venganza.

La memoria debe traspasar hacia atrás la frontera que trata de imponérsele a cualquier precio, esto es, la del 11 de septiembre de 1973, como si la historia de Chile, especialmente de las maldades, comenzara sólo ese día. Nuestra Fuerzas Armadas y de Orden fueron llamadas a actuar porque el país no podía soportar un día más la agresión de que era objeto y que era dirigida desde el mismo gobierno; no podía soportar un día más el desabastecimiento, las colas interminables y los precios de un mercado negro que era alimentado desde las mismas empresas confiscadas por el Estado de entonces, y porque la amenaza del uso de la violencia contra la población inocente no era una pura bravata. Ella había sido declarada legítima por los partidos y grupos que estaban en el gobierno y éstos se aprestaban para aplicarla con todo rigor contra quienes se opusieran a sus designios.

Más allá de lo que, en definitiva, se decida sobre esos indultos o una eventual amnistía, es indispensable para el país recuperar su memoria íntegra, sobre todo en días como los que corren, cuando surgen movimiento, ideas y personas decididas a llevar de nuevo al país por el mismo camino del fracaso en que terminó el experimento marxista de esos días.